Residencia fiscal en España o en el extranjero

Residencia fiscal en España o en el extranjero

En julio de 2007, un nacional español trasladó su residencia a Tailandia, donde estableció su vivienda permanente junto con su esposa, natural y residente de dicho país, y una de sus hijas.

La residencia fiscal del español, por tanto, se encuentra en Tailandia desde el año 2008 hasta la fecha, ininterrumpidamente, como queda acreditado con los certificados de residencia fiscal, emitidos por las autoridades de dicho país.

Sin embargo, en el año 2010 falleció su madre en España y, asimismo, se inició un procedimiento de incapacitación de su padre, por lo que su estancia en Tailandia en dicho año se redujo a 114 días. En este sentido, las autoridades fiscales tailandesas consideraron sus ausencias como esporádicas, y le emitieron un certificado de residencia fiscal en Tailandia para el año referido.

Por otra parte, en los períodos impositivos 2008 a 2012, la persona física presentó autoliquidaciones modelo 100 del IRPF y, advirtiendo el error, procedió a presentar el modelo 210 de IRNR sin EP, por cada uno de dichos ejercicios. La Administración admitió su residencia fuera de España, y para el año 2010, emitió varias liquidaciones provisionales por el IRNR, en las que acordó la no devolución solicitada el contribuyente, porque consideró que era residente fiscal en España.

Dichas liquidaciones fueron confirmadas por el TEAR y, frente a ellas, se presentó un recurso contencioso administrativo ante el TSJ.

Según la LIRPF, una persona física es residente en España si permanece en este territorio más de 183 días durante el año natural, entre otros supuestos (LIRPF art.9.1).

Las ausencias esporádicas no se computan (es decir, si el sujeto sale de España unos días, estos no se restan del cómputo del período de estancia en España), salvo que se pruebe la residencia fiscal en otro país.

Adicionalmente, el CDI firmado entre ambos países establece cómo proceder en el caso de que una persona pueda ser considerada residente fiscal en dos países. Así, si tiene una vivienda permanente en uno de ellos, se considera residente en él. En caso de que tenga una vivienda permanente en los dos, se estará al país en que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (CDI Tailandia art.4.2).

En este supuesto, dado que su esposa es tailandesa y tanto ella como su hija residen en Tailandia, el Tribunal considera al español residente fiscal también allí, amparándose en los siguientes argumentos:

1) El Derecho tributario es un derecho público y, por tanto, indisponible, por lo que los elementos de la obligación tributaria no pueden depender de la voluntad de las partes. Por lo tanto, aunque las declaraciones tributarias se presuman ciertas, si un sujeto cometió un error y presentó declaraciones del IRPF en lugar de declaraciones del IRNR, tiene derecho a rectificarlas, debiendo para ello probar que su residencia fiscal no estaba en España.

2) A efectos de determinar la residencia fiscal de una persona física en España:

— es irrelevante que tenga inmuebles en España, más aún si los adquirió antes de mudarse al extranjero;

— la cotización en el régimen de autónomos o el pago de seguros médicos no justifican que el centro de intereses vitales de un sujeto esté en España, porque son pagos residuales con una finalidad exclusivamente sanitaria;

— la titularidad de cuentas bancarias en España tampoco es relevante, si la mayor parte de los activos financieros está fuera de dicho país; y

— el consumo eléctrico de la vivienda habitual durante la estancia en este país no aporta nada a la controversia, porque esa vivienda se habitó precisamente en un período de ausencia esporádica.​

Nulidad de medidas empresariales

Nulidad de medidas empresariales

​La empresa, dedicada a la elaboración de productos cocinados para el reparto a domicilio, anuncia a la representación de los trabajadores que va a implantar un nuevo sistema de trabajo dirigido a facilitar a los clientes el seguimiento de sus pedidos. Para ello, comunica que los empleados que realicen funciones de reparto deben aportar un teléfono con conexión a internet de su propiedad, y descargarse la aplicación informática de la empresa que permite la geolocalización del dispositivo y del trabajador durante su jornada laboral. El responsable de activar y desactivar la aplicación al iniciar y concluir su turno de trabajo es el trabajador y la empresa se compromete a abonar a sus empleados un importe fijo por jornada de trabajo.

Como consecuencia de este nuevo sistema, la empresa incluye en las nuevas contrataciones una cláusula contractual según la cual, en caso de incumplimiento reiterado de estas condiciones, la empresa puedeextinguir el contrato y suspenderlo durante un periodo de hasta 2 meses si, en caso de avería, el teléfono móvil no se repara en el plazo de 10 días.

Disconformes con las medidas planteadas, las representaciones sindicales del CCOO y UGT interponen demanda de conflicto colectivo en la que solicitan que se declare la nulidad de este proyecto y de todas las medidas previstas en él.

La AN recuerda que  la jurisprudencia ha admitido que los empresarios puedan imponer sistemas de geolocalización a los trabajadores, ​ aunque la implantación de esta medida, en cuanto que supone una injerencia en los derechos fundamentales de los trabajadores, debe superar el juicio de proporcionalidad. Asimismo, ​ ​respecto de los datos obtenidos a través de estos  sistemas, la LOPD (actualmente LO 3/2018 art.90)  establece que los empleadores pueden tratarlos en el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores siempre que se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo; teniendo el empresario la obligación de informar, de forma expresa, clara e inequívoca, a los trabajadores y, en su caso, a sus representantes, sobre la existencia y características de estos dispositivos. Por ello, la AN considera que el nuevo sistema, tal y como ha sido implantado por la empresa, vulnera el derecho a la privacidad de los trabajadores por las siguientes razones:

  1. a)Aunque la medida obedece a fines constitucionalmente legítimos como son elcontrol del empleado en el desempeño de su puesto de trabajo y un mejor servicio al cliente, la medida no supera el juicio de proporcionalidad. La misma finalidad se podría haber obtenido con medidas que supongan una menor injerencia en los derechos fundamentales como  son la implantación de sistemas de geolocalización en las motocicletas o las pulseras con tales dispositivos que no implican para el empleado la necesidad de aportar medios propios y ni datos de carácter personal como son el número de teléfono o la dirección de correo electrónico.
  2. b) En la implantación del sistema de geolocalización la empresa no ha proporcionado a los trabajadores de lainformación  exigida legalmente(LOPD art 11 y 90; RGPD art 12 y 13).
  3. c) Imponer al trabajador la obligación deaportar un teléfono móvilcon conexión de datos para desarrollar el trabajo supone un manifiesto abuso de derecho empresarial, ya que quiebra con la ajenidad en los medios que caracteriza al contrato de trabajo y responsabiliza al trabajador de cualquier impedimento en la activación del sistema de localización. Además, la compensación ofrecida por la empresa por la aportación del terminal móvil únicamente compensa su utilización en el trabajo, pero no si la contratación no era deseada por el empleado para el desarrollo de su vida personal.
  4. d)La denominadacláusula de resolución  incluida en los nuevos contratos y en los pactos novatorios, implica de hecho la adopción de un régimen de disciplinario al margen de la negociación colectiva, ya que en la práctica actúa como una auténtica causa de desp​ido disciplinario pues para que opere la extinción contractual no indemnizada se prescinde de las garantías formales propias del despido disciplinario (ET art. 55).

Por otra parte,  una de las representaciones también considera que las medidas se adoptaron sin cumplir las requisitos de información y consulta previa al comité de empresa (ET art.64.5).  Sobre esta cuestión, la AN declara​ que empresa incumplió esta obligación, ya que se limitó a informar de las medidas que pretendía adoptar pero sin detallar los datos personales que debía aportar el trabajador para acceder a la aplicación, o su tratamiento hasta que la aplicación ya se había puesto en marcha.

Por todo ello, se estiman las demandas planteadas y se declara la nulidad de proyecto planteado por la empresa  declarando las nulidad de las obligaciones incluidas en él y de las medidas disciplinarias previstas.​

Gasto por movilidad geográfica

Gasto por movilidad geográfica

​Un contribuyente inscrito en la oficina de empleo correspondiente a su localidad de residencia es nombrado funcionario interino de una determinada Comunidad Autónoma. La aceptación del puesto de trabajo supuso el cambio de su residencia a otra localidad en el período impositivo 2017. En el período impositivo 2018 el contribuyente renunció a ese puesto de trabajo, al haberle sido ofrecido otro puesto de trabajo como funcionario de otra Administración.

Ante la duda sobre la tributación de esta situación, eleva una consulta ante la DGT planteando la posibilidad de aplicar el gasto por movilidad geográfica, así como los períodos impositivos durante los que dicho gasto puede ser aplicable.

Con carácter general, el incremento del gasto deducible por movilidad geográfica (LIRPF art.19.2 y RIRPF art.11) queda condicionado a que efectivamente se haya producido el cambio de residencia del contribuyente a un nuevo municipio, distinto al de su residencia habitual, y que el nuevo puesto de trabajo exija dicho cambio. En este sentido, cabe señalar que, el simple empadronamiento no se considera por sí solo elemento suficiente de acreditación de residencia y vivienda habitual en una determinada localidad, como tampoco lo es el hecho de trasladar o mantener el domicilio fiscal en lugar determinado. La concreción de dicho cambio de residencia y su necesidad es una cuestión de hecho.

El contribuyente deberá poder acreditar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, correspondiendo valorar las pruebas aportadas a los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria. Cumpliéndose los requisitos exigidos, el incremento del gasto deducible por movilidad geográfica se aplicará en el período impositivo en que se produzca el cambio de residencia y en el siguiente (en 2017 y 2018 en el caso planteado), con independencia de que se produzcan dentro del período de aplicación nuevos cambios de trabajo.