Convocatoria huelga 8-3-2019

Convocatoria huelga 8-3-2019

Por segundo año consecutivo se ha convocado una huelga feminista para el 8-3-2019 con la finalidad de combatir la desigualdad y la violencia que afrontan las mujeres en diferentes ámbitos de sus vidas, incluido el laboral.

La huelga ha sido convocada por los distintos sindicatos en forma de paros de 1 a 24 horas. En particular, las convocatorias de cada sindicato son las siguientes:

a) 24 horas: ELA, LAB, CGT, CNT, CIG, Confederación Intersindical, CIG y SAT

b) 2 horas ampliables: CCOO y UGT.

c) 2 horas: USO.

d) 1 hora: CSIF.

La participación en una huelga produce  consecuencias laborales y de Seguridad Social que son las que a continuación se señalan:

​1. Respecto de las consecuencias laborales:

– se suspende el contrato de trabajo y se mantiene el derecho a  ​la reserva del puesto de trabajo;

– la empresa puede descontar el salario del tiempo que haya durado la huelga. A estos efectos, se descuentan:

  • percepciones salariales (sueldo base, complementos…):
  • conceptos extrasalariales: depende de las circunstancias​ concretas y del tipo de percepción;
  • parte proporcional de las pagas extras, que se descuenta en el momento en que se abonen las pagas extras.

Además, el trabajador no puede ser sancionado por ejerce​​r el derecho de huelga, siendo nulo el despido por esta causa. Asimismo, las ausencias consecuencia de la participación en  una huelga legal no se computan para justificar la extinción del contrato por faltas de asistencia al trabajo

No se puede sustituir a los trabajadores huelguistas con objeto de minimizar la huelga o vaciarla de contenido (esquirolaje externo,  interno y tecnológico).

2. Respecto de las consecuencias de Seguridad Social:

– el trabajador permanece en situación de alta especial, que se suspende la obligación de cotizar para ambas partes y el trabajador tiene la posibilidad de suscribir un convenio especial para completar las bases de cotización;

– únicamente se cotiza por los salarios realmente percibidos en función del tiempo trabajado el día de huelga.

Residencia fiscal en España o en el extranjero

Residencia fiscal en España o en el extranjero

En julio de 2007, un nacional español trasladó su residencia a Tailandia, donde estableció su vivienda permanente junto con su esposa, natural y residente de dicho país, y una de sus hijas.

La residencia fiscal del español, por tanto, se encuentra en Tailandia desde el año 2008 hasta la fecha, ininterrumpidamente, como queda acreditado con los certificados de residencia fiscal, emitidos por las autoridades de dicho país.

Sin embargo, en el año 2010 falleció su madre en España y, asimismo, se inició un procedimiento de incapacitación de su padre, por lo que su estancia en Tailandia en dicho año se redujo a 114 días. En este sentido, las autoridades fiscales tailandesas consideraron sus ausencias como esporádicas, y le emitieron un certificado de residencia fiscal en Tailandia para el año referido.

Por otra parte, en los períodos impositivos 2008 a 2012, la persona física presentó autoliquidaciones modelo 100 del IRPF y, advirtiendo el error, procedió a presentar el modelo 210 de IRNR sin EP, por cada uno de dichos ejercicios. La Administración admitió su residencia fuera de España, y para el año 2010, emitió varias liquidaciones provisionales por el IRNR, en las que acordó la no devolución solicitada el contribuyente, porque consideró que era residente fiscal en España.

Dichas liquidaciones fueron confirmadas por el TEAR y, frente a ellas, se presentó un recurso contencioso administrativo ante el TSJ.

Según la LIRPF, una persona física es residente en España si permanece en este territorio más de 183 días durante el año natural, entre otros supuestos (LIRPF art.9.1).

Las ausencias esporádicas no se computan (es decir, si el sujeto sale de España unos días, estos no se restan del cómputo del período de estancia en España), salvo que se pruebe la residencia fiscal en otro país.

Adicionalmente, el CDI firmado entre ambos países establece cómo proceder en el caso de que una persona pueda ser considerada residente fiscal en dos países. Así, si tiene una vivienda permanente en uno de ellos, se considera residente en él. En caso de que tenga una vivienda permanente en los dos, se estará al país en que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (CDI Tailandia art.4.2).

En este supuesto, dado que su esposa es tailandesa y tanto ella como su hija residen en Tailandia, el Tribunal considera al español residente fiscal también allí, amparándose en los siguientes argumentos:

1) El Derecho tributario es un derecho público y, por tanto, indisponible, por lo que los elementos de la obligación tributaria no pueden depender de la voluntad de las partes. Por lo tanto, aunque las declaraciones tributarias se presuman ciertas, si un sujeto cometió un error y presentó declaraciones del IRPF en lugar de declaraciones del IRNR, tiene derecho a rectificarlas, debiendo para ello probar que su residencia fiscal no estaba en España.

2) A efectos de determinar la residencia fiscal de una persona física en España:

— es irrelevante que tenga inmuebles en España, más aún si los adquirió antes de mudarse al extranjero;

— la cotización en el régimen de autónomos o el pago de seguros médicos no justifican que el centro de intereses vitales de un sujeto esté en España, porque son pagos residuales con una finalidad exclusivamente sanitaria;

— la titularidad de cuentas bancarias en España tampoco es relevante, si la mayor parte de los activos financieros está fuera de dicho país; y

— el consumo eléctrico de la vivienda habitual durante la estancia en este país no aporta nada a la controversia, porque esa vivienda se habitó precisamente en un período de ausencia esporádica.​

Nulidad de medidas empresariales

Nulidad de medidas empresariales

​La empresa, dedicada a la elaboración de productos cocinados para el reparto a domicilio, anuncia a la representación de los trabajadores que va a implantar un nuevo sistema de trabajo dirigido a facilitar a los clientes el seguimiento de sus pedidos. Para ello, comunica que los empleados que realicen funciones de reparto deben aportar un teléfono con conexión a internet de su propiedad, y descargarse la aplicación informática de la empresa que permite la geolocalización del dispositivo y del trabajador durante su jornada laboral. El responsable de activar y desactivar la aplicación al iniciar y concluir su turno de trabajo es el trabajador y la empresa se compromete a abonar a sus empleados un importe fijo por jornada de trabajo.

Como consecuencia de este nuevo sistema, la empresa incluye en las nuevas contrataciones una cláusula contractual según la cual, en caso de incumplimiento reiterado de estas condiciones, la empresa puedeextinguir el contrato y suspenderlo durante un periodo de hasta 2 meses si, en caso de avería, el teléfono móvil no se repara en el plazo de 10 días.

Disconformes con las medidas planteadas, las representaciones sindicales del CCOO y UGT interponen demanda de conflicto colectivo en la que solicitan que se declare la nulidad de este proyecto y de todas las medidas previstas en él.

La AN recuerda que  la jurisprudencia ha admitido que los empresarios puedan imponer sistemas de geolocalización a los trabajadores, ​ aunque la implantación de esta medida, en cuanto que supone una injerencia en los derechos fundamentales de los trabajadores, debe superar el juicio de proporcionalidad. Asimismo, ​ ​respecto de los datos obtenidos a través de estos  sistemas, la LOPD (actualmente LO 3/2018 art.90)  establece que los empleadores pueden tratarlos en el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores siempre que se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo; teniendo el empresario la obligación de informar, de forma expresa, clara e inequívoca, a los trabajadores y, en su caso, a sus representantes, sobre la existencia y características de estos dispositivos. Por ello, la AN considera que el nuevo sistema, tal y como ha sido implantado por la empresa, vulnera el derecho a la privacidad de los trabajadores por las siguientes razones:

  1. a)Aunque la medida obedece a fines constitucionalmente legítimos como son elcontrol del empleado en el desempeño de su puesto de trabajo y un mejor servicio al cliente, la medida no supera el juicio de proporcionalidad. La misma finalidad se podría haber obtenido con medidas que supongan una menor injerencia en los derechos fundamentales como  son la implantación de sistemas de geolocalización en las motocicletas o las pulseras con tales dispositivos que no implican para el empleado la necesidad de aportar medios propios y ni datos de carácter personal como son el número de teléfono o la dirección de correo electrónico.
  2. b) En la implantación del sistema de geolocalización la empresa no ha proporcionado a los trabajadores de lainformación  exigida legalmente(LOPD art 11 y 90; RGPD art 12 y 13).
  3. c) Imponer al trabajador la obligación deaportar un teléfono móvilcon conexión de datos para desarrollar el trabajo supone un manifiesto abuso de derecho empresarial, ya que quiebra con la ajenidad en los medios que caracteriza al contrato de trabajo y responsabiliza al trabajador de cualquier impedimento en la activación del sistema de localización. Además, la compensación ofrecida por la empresa por la aportación del terminal móvil únicamente compensa su utilización en el trabajo, pero no si la contratación no era deseada por el empleado para el desarrollo de su vida personal.
  4. d)La denominadacláusula de resolución  incluida en los nuevos contratos y en los pactos novatorios, implica de hecho la adopción de un régimen de disciplinario al margen de la negociación colectiva, ya que en la práctica actúa como una auténtica causa de desp​ido disciplinario pues para que opere la extinción contractual no indemnizada se prescinde de las garantías formales propias del despido disciplinario (ET art. 55).

Por otra parte,  una de las representaciones también considera que las medidas se adoptaron sin cumplir las requisitos de información y consulta previa al comité de empresa (ET art.64.5).  Sobre esta cuestión, la AN declara​ que empresa incumplió esta obligación, ya que se limitó a informar de las medidas que pretendía adoptar pero sin detallar los datos personales que debía aportar el trabajador para acceder a la aplicación, o su tratamiento hasta que la aplicación ya se había puesto en marcha.

Por todo ello, se estiman las demandas planteadas y se declara la nulidad de proyecto planteado por la empresa  declarando las nulidad de las obligaciones incluidas en él y de las medidas disciplinarias previstas.​

Gasto por movilidad geográfica

Gasto por movilidad geográfica

​Un contribuyente inscrito en la oficina de empleo correspondiente a su localidad de residencia es nombrado funcionario interino de una determinada Comunidad Autónoma. La aceptación del puesto de trabajo supuso el cambio de su residencia a otra localidad en el período impositivo 2017. En el período impositivo 2018 el contribuyente renunció a ese puesto de trabajo, al haberle sido ofrecido otro puesto de trabajo como funcionario de otra Administración.

Ante la duda sobre la tributación de esta situación, eleva una consulta ante la DGT planteando la posibilidad de aplicar el gasto por movilidad geográfica, así como los períodos impositivos durante los que dicho gasto puede ser aplicable.

Con carácter general, el incremento del gasto deducible por movilidad geográfica (LIRPF art.19.2 y RIRPF art.11) queda condicionado a que efectivamente se haya producido el cambio de residencia del contribuyente a un nuevo municipio, distinto al de su residencia habitual, y que el nuevo puesto de trabajo exija dicho cambio. En este sentido, cabe señalar que, el simple empadronamiento no se considera por sí solo elemento suficiente de acreditación de residencia y vivienda habitual en una determinada localidad, como tampoco lo es el hecho de trasladar o mantener el domicilio fiscal en lugar determinado. La concreción de dicho cambio de residencia y su necesidad es una cuestión de hecho.

El contribuyente deberá poder acreditar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, correspondiendo valorar las pruebas aportadas a los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria. Cumpliéndose los requisitos exigidos, el incremento del gasto deducible por movilidad geográfica se aplicará en el período impositivo en que se produzca el cambio de residencia y en el siguiente (en 2017 y 2018 en el caso planteado), con independencia de que se produzcan dentro del período de aplicación nuevos cambios de trabajo.

Cambios para los trabajadores autónomos en 2019

Cambios para los trabajadores autónomos en 2019

El RDL 28/2018 introduce importantes modificaciones en el RETA. Las modificaciones, que entran en vigor el 1-1-2019, afectan a las siguientes materias:

I. Ampliación de la acción protectora del RETA

Con efectos de 1-1-2019, se modifica la L 20/2007 (LETA) y la LGSS para ampliar la acción protectora del RETA incorporando de modo obligatorio la protección por cese de actividad y por contingencias profesionales que hasta el momento tenían carácter voluntario.

La cobertura de las contingencias profesionales, IT y cese de actividad deben formalizarse, a partir del 1-1-2019, con una misma mutua colaboradora con la Seguridad Social (MCSS) (LGSS art.83 redacc RDL 28/2018 disp.final 2ª). No obstante, se establece un plazo especial para los trabajadores que se hubieran incorporado al RETA antes del 1-1-1998 y hubieran optado por mantener la protección por IT con la entidad gestora, quienes deben optar por una MCSS antes del 1-4-2019, produciendo efectos a partir del 1-6-2019. Hasta entonces, la prestación de cese de actividad la va a seguir gestionando el SPEE y las contingencias profesionales van a estar cubiertas por el INSS (RDL 28/2018 disp.trans.1ª).

La cobertura obligatoria de las contingencias profesionales, así como la correspondiente a la IT o la de la prestación por cese de actividad no alcanza a los socios de cooperativas incluidos en el RETA que dispongan de un sistema intercooperativo de prestaciones sociales, complementario al sistema público, que cuente con la autorización de la Seguridad Social para colaborar en la gestión de la prestación económica de IT y otorgue la protección por las citadas contingencias, con un alcance al menos equivalente al regulado por el RETA (LGSS disp.adic.28ª redacc RDL 28/2018).

Además deben tenerse en cuenta las siguientes modificaciones:

a) En materia de contingencias profesionales:

– Se incorporan en el art.26 de la LETA los conceptos de accidente de trabajo y enfermedad profesional de los trabajadores autónomos, hasta ahora recogidos en la LGSS art.316.2.

– Se prevé que a partir del año 2022, se establezca el tipo de cotización aplicable, con carácter definitivo, en la correspondiente Ley de Presupuestos generales del Estado. Hasta entonces, el tipo aplicable va a ser el siguiente: 0,9 en 2019; 1,1% en 2020 y 1,3% en 2021 (RDL 28/2018 disp.trans. 2ª).

– Como consecuencia de la inclusión obligatoria de las contingencias profesionales en el ámbito de aplicación del RETA, el nacimiento de la prestación económica de IT derivada de estas contingencias se va a producir a partir del día siguiente a la baja. En caso de que derive de contingencias comunes, la prestación nace a partir del día 4ª de la baja (LGSS art.321 redacc RDL 28/2018 disp.final 2ª).

b) En materia de cese de actividad:

– Se modifica el art.327 de la LGSS para establecer el carácter obligatorio de su protección.

– El nacimiento de la prestación económica, cuyo abono corresponde a la MCSS con que se haya cubierto la contingencia, se produce en los siguientes momentos (LGSS art.337 redacc RDL 28/2018 disp.final 2ª):

  • hasta 3 bajas dentro de cada año natural: al segundo día posterior al cese en la actividad
  • el resto de las bajas dentro de cada año natural: el día primero del mes siguiente a la baja por cese de actividad.

– Se mejora la intensidad de la protección por cese de actividad duplicándose su duración en los siguientes términos (LGSS art.338 redacc RDL 28/2018 disp.final 2ª):

Período de cotización

(meses)

Período de la protección

(meses)

De 12 a 17 4 (antes 2)
De 18 a 23 6 (antes 3)
De 24 a 29 8 (antes 4)
De 30 a 35 10 (antes 5)
De 36 a 42 12 (antes 6)
De 43 a 47 16 (antes 8)
De 48 en adelante. 24 (antes 24)

Esta misma duración se va a aplicar a los trabajadores autónomos con una edad entre los 60 años y la edad ordinaria de jubilación, para los que hasta ahora se establecía una duración de la prestación diferente.

– Se elimina la previsión legal según la cual la suspensión de la prestación se produce por mensualidades completas (LGSS art.340 redacc RDL 28/2018 disp.final 2ª).

– El tipo de cotización aplicable para la cobertura de la protección de cese de actividad se fijará anualmente sin que pueda ser superior al 4% ni inferior al 0,7%. Se reduce de este modo el tipo mínimo que hasta ahora estaba fijado en el 2,2% (LGSS art.344 redacc RDL 28/2018 disp.final 2ª). Se prevé que a partir del año 2022, se establezca el tipo de cotización aplicable, con carácter definitivo, en la correspondiente Ley de Presupuestos generales del Estado. Hasta entonces, el tipo aplicable va a ser el siguiente: 0,7 en 2019; 0,8% en 2020 y 0,9% en 2021 (RDL 28/2018 disp.trans. 2ª).

– Finalmente, se prevé como novedad la constitución de una comisión paritaria en la que estén representadas las mutuas, las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos y la Administración de la Seguridad Social que van a actuar en caso de que se presenten reclamaciones previas contra las resoluciones de la mutua en materia de reconocimiento, suspensión o extinción de la prestación por cese de actividad. En estos casos, la mutuas debe remitir a la comisión la propuesta motivada de resolución de la reclamación previa para que esta emita su informe vinculante (LGSS art.350 redacc RDL 28/2018 disp.final 2ª).

II. Cotización

a) Se establecen para 2019 las bases mínimas y tipos de cotización aplicables en el RETA.

Las bases mínimas se incrementan en un 1,25%, fijándose con carácter general en 944,40 euros mensuales (RDL 2/2018 art.10).

Los tipos de cotización aplicables durante 2019 son los siguientes (RDL 2/2018 art.11):

– contingencias comunes: 28,30%;

– contingencias profesionales: 0,9% (0,46 por IT y 0,44 por incapacidad permanente, muerte y supervivencia);

– cese de actividad: 0,7%;

– formación profesional: 0,1%.

b) Se modifican los beneficios a la cotización en el RETA (RDL 28/2018 disp.final 3ª):

– Se eleva de 50€ a 60€ mensuales la cuantía de la tarifa plana que comprende tanto la cotización por contingencias comunes (51,50 €) como por contingencias profesionales (8,50 €). Los trabajadores acogidos a este beneficio en la cotización quedan exceptuados de la obligación de cotizar por cese de actividad y formación profesional (LETA art.31).

– se extiende al sistema especial de trabajadores por cuenta propia agrarios la tarifa plana establecida para el RETA (LETA art.31 bis), así como los beneficios en la cotización para las personas con discapacidad y víctimas de violencia de género y víctimas de terrorismo (LETA art.32 bis).

c) En la situación de IT con derecho a prestación económica, transcurridos 60 días en situación de baja médica, el abono de las cuotas por todas las contingencias corresponde a la MCSS, a la entidad gestora o, en su caso, al SPEE, con cargo a las cuotas por cese de actividad. Cuando el abono lo asuma el SPEE, la cuantía a abonar se va a fijar mediante un coeficiente aplicable al total de cuotas por cese de actividad de todos los trabajadores con cobertura por dicha entidad y que se va a fijar anualmente en la Orden de cotización (LGSS art.308 redacc RDL 28/2018 disp.final 2ª)​.

d) Se modifica el art.311 de la LGSS para aclarar los términos del reintegro de cotizaciones en caso de cotizar en régimen de pluriactividad. El reintegro va a consistir en el 50% del exceso en que las cotizaciones por contingencias comunes superen la cuantía establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y que para 2019 se fija, mediante el RDL 28/2018, en 13.822,06 euros anuales (RDL 28/2018 art.6.5). La cuantía del reintegro no puede superar el 50% de las cuotas ingresadas en el RETA por contingencias comunes.

III. Otras cuestiones

Junto a las modificaciones introducidas en el ámbito de protección del RETA y en la cotización, se incluyen otras modificaciones importantes:

a) Se modifica el art.22 de la LISOS (RDLeg 5/2000) para incluir la infracción grave consistente en comunicar la baja en un régimen de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta ajena pese a continuar la misma actividad laboral o mantener idéntica prestación de servicios, sirviéndose de un alta indebida en un régimen de trabajadores por cuenta propia. Esta conducta se sanciona con una multa de entre 3.126 y 10.000 euros.

b) Se crea un procedimiento para que la TGSS pueda comprobar la continuidad de la actividad de los trabajadores por cuenta propia que hayan dejado de ingresar las cotizaciones. El procedimiento se va a iniciar con la apretura de un procedimiento de apremio una vez se haya emitido la providencia de apremio. Si se acredita el cese en la actividad, la TGSS da de baja de oficio al trabajador autónomo en el RETA (RDL 28/2018 art.10).

c) Se aplaza nuevamente, y de manera indefinida, el establecimiento de un sistema de cotización a tiempo parcial para los trabajadores autónomos (RDL 28/2018 disp.adic.2ª).