Medidas económicas y fiscales

Medidas económicas y fiscales

Con entrada en vigor el 6-3-2019, se introducen las siguientes modificaciones:

  1. Se introduce una exención en la LITP y AJD, modalidad transmisiones patrimoniales onerosas,  para los arrendamientos de vivienda que recaen sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario (LITP art.45.I.B.26).
  2. Y en la LHL, concretamente en el IBI, se establecen las siguientes medidas:

–  se exceptúa de la obligación de repercutir el IBI al arrendatario cuando el arrendador sea un ente públicoen los supuestos de alquiler de inmueble de uso residencial con renta limitada por una norma jurídica;

–  se modifica la regulación del recargo de hasta el 50% de la cuota líquida, previsto para los inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente, definiendo tal concepto mediante su remisión a la normativa sectorial de vivienda, autonómica o estatal, con rango de ley, y conforme a los requisitos, medios de prueba y procedimiento que establezca la ordenanza fiscal. Se exige que previamente a esa calificación, se dé audiencia al sujeto pasivo y el ayuntamiento acredite los indicios de desocupación; y

– se crea una bonificación potestativa de hasta el 95% para los inmuebles destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por una norma jurídica.

Por último, con efectos a partir de 1-1-2019, se amplía el ámbito de las inversiones financieramente sostenibles para acoger la posibilidad de realizar actuaciones en materia de vivienda por parte de las Entidades Locales, incluyendo para ello la referencia al programa «152. Vivienda».

Residencia fiscal en España o en el extranjero

Residencia fiscal en España o en el extranjero

En julio de 2007, un nacional español trasladó su residencia a Tailandia, donde estableció su vivienda permanente junto con su esposa, natural y residente de dicho país, y una de sus hijas.

La residencia fiscal del español, por tanto, se encuentra en Tailandia desde el año 2008 hasta la fecha, ininterrumpidamente, como queda acreditado con los certificados de residencia fiscal, emitidos por las autoridades de dicho país.

Sin embargo, en el año 2010 falleció su madre en España y, asimismo, se inició un procedimiento de incapacitación de su padre, por lo que su estancia en Tailandia en dicho año se redujo a 114 días. En este sentido, las autoridades fiscales tailandesas consideraron sus ausencias como esporádicas, y le emitieron un certificado de residencia fiscal en Tailandia para el año referido.

Por otra parte, en los períodos impositivos 2008 a 2012, la persona física presentó autoliquidaciones modelo 100 del IRPF y, advirtiendo el error, procedió a presentar el modelo 210 de IRNR sin EP, por cada uno de dichos ejercicios. La Administración admitió su residencia fuera de España, y para el año 2010, emitió varias liquidaciones provisionales por el IRNR, en las que acordó la no devolución solicitada el contribuyente, porque consideró que era residente fiscal en España.

Dichas liquidaciones fueron confirmadas por el TEAR y, frente a ellas, se presentó un recurso contencioso administrativo ante el TSJ.

Según la LIRPF, una persona física es residente en España si permanece en este territorio más de 183 días durante el año natural, entre otros supuestos (LIRPF art.9.1).

Las ausencias esporádicas no se computan (es decir, si el sujeto sale de España unos días, estos no se restan del cómputo del período de estancia en España), salvo que se pruebe la residencia fiscal en otro país.

Adicionalmente, el CDI firmado entre ambos países establece cómo proceder en el caso de que una persona pueda ser considerada residente fiscal en dos países. Así, si tiene una vivienda permanente en uno de ellos, se considera residente en él. En caso de que tenga una vivienda permanente en los dos, se estará al país en que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (CDI Tailandia art.4.2).

En este supuesto, dado que su esposa es tailandesa y tanto ella como su hija residen en Tailandia, el Tribunal considera al español residente fiscal también allí, amparándose en los siguientes argumentos:

1) El Derecho tributario es un derecho público y, por tanto, indisponible, por lo que los elementos de la obligación tributaria no pueden depender de la voluntad de las partes. Por lo tanto, aunque las declaraciones tributarias se presuman ciertas, si un sujeto cometió un error y presentó declaraciones del IRPF en lugar de declaraciones del IRNR, tiene derecho a rectificarlas, debiendo para ello probar que su residencia fiscal no estaba en España.

2) A efectos de determinar la residencia fiscal de una persona física en España:

— es irrelevante que tenga inmuebles en España, más aún si los adquirió antes de mudarse al extranjero;

— la cotización en el régimen de autónomos o el pago de seguros médicos no justifican que el centro de intereses vitales de un sujeto esté en España, porque son pagos residuales con una finalidad exclusivamente sanitaria;

— la titularidad de cuentas bancarias en España tampoco es relevante, si la mayor parte de los activos financieros está fuera de dicho país; y

— el consumo eléctrico de la vivienda habitual durante la estancia en este país no aporta nada a la controversia, porque esa vivienda se habitó precisamente en un período de ausencia esporádica.​

Nulidad de medidas empresariales

Nulidad de medidas empresariales

​La empresa, dedicada a la elaboración de productos cocinados para el reparto a domicilio, anuncia a la representación de los trabajadores que va a implantar un nuevo sistema de trabajo dirigido a facilitar a los clientes el seguimiento de sus pedidos. Para ello, comunica que los empleados que realicen funciones de reparto deben aportar un teléfono con conexión a internet de su propiedad, y descargarse la aplicación informática de la empresa que permite la geolocalización del dispositivo y del trabajador durante su jornada laboral. El responsable de activar y desactivar la aplicación al iniciar y concluir su turno de trabajo es el trabajador y la empresa se compromete a abonar a sus empleados un importe fijo por jornada de trabajo.

Como consecuencia de este nuevo sistema, la empresa incluye en las nuevas contrataciones una cláusula contractual según la cual, en caso de incumplimiento reiterado de estas condiciones, la empresa puedeextinguir el contrato y suspenderlo durante un periodo de hasta 2 meses si, en caso de avería, el teléfono móvil no se repara en el plazo de 10 días.

Disconformes con las medidas planteadas, las representaciones sindicales del CCOO y UGT interponen demanda de conflicto colectivo en la que solicitan que se declare la nulidad de este proyecto y de todas las medidas previstas en él.

La AN recuerda que  la jurisprudencia ha admitido que los empresarios puedan imponer sistemas de geolocalización a los trabajadores, ​ aunque la implantación de esta medida, en cuanto que supone una injerencia en los derechos fundamentales de los trabajadores, debe superar el juicio de proporcionalidad. Asimismo, ​ ​respecto de los datos obtenidos a través de estos  sistemas, la LOPD (actualmente LO 3/2018 art.90)  establece que los empleadores pueden tratarlos en el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores siempre que se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo; teniendo el empresario la obligación de informar, de forma expresa, clara e inequívoca, a los trabajadores y, en su caso, a sus representantes, sobre la existencia y características de estos dispositivos. Por ello, la AN considera que el nuevo sistema, tal y como ha sido implantado por la empresa, vulnera el derecho a la privacidad de los trabajadores por las siguientes razones:

  1. a)Aunque la medida obedece a fines constitucionalmente legítimos como son elcontrol del empleado en el desempeño de su puesto de trabajo y un mejor servicio al cliente, la medida no supera el juicio de proporcionalidad. La misma finalidad se podría haber obtenido con medidas que supongan una menor injerencia en los derechos fundamentales como  son la implantación de sistemas de geolocalización en las motocicletas o las pulseras con tales dispositivos que no implican para el empleado la necesidad de aportar medios propios y ni datos de carácter personal como son el número de teléfono o la dirección de correo electrónico.
  2. b) En la implantación del sistema de geolocalización la empresa no ha proporcionado a los trabajadores de lainformación  exigida legalmente(LOPD art 11 y 90; RGPD art 12 y 13).
  3. c) Imponer al trabajador la obligación deaportar un teléfono móvilcon conexión de datos para desarrollar el trabajo supone un manifiesto abuso de derecho empresarial, ya que quiebra con la ajenidad en los medios que caracteriza al contrato de trabajo y responsabiliza al trabajador de cualquier impedimento en la activación del sistema de localización. Además, la compensación ofrecida por la empresa por la aportación del terminal móvil únicamente compensa su utilización en el trabajo, pero no si la contratación no era deseada por el empleado para el desarrollo de su vida personal.
  4. d)La denominadacláusula de resolución  incluida en los nuevos contratos y en los pactos novatorios, implica de hecho la adopción de un régimen de disciplinario al margen de la negociación colectiva, ya que en la práctica actúa como una auténtica causa de desp​ido disciplinario pues para que opere la extinción contractual no indemnizada se prescinde de las garantías formales propias del despido disciplinario (ET art. 55).

Por otra parte,  una de las representaciones también considera que las medidas se adoptaron sin cumplir las requisitos de información y consulta previa al comité de empresa (ET art.64.5).  Sobre esta cuestión, la AN declara​ que empresa incumplió esta obligación, ya que se limitó a informar de las medidas que pretendía adoptar pero sin detallar los datos personales que debía aportar el trabajador para acceder a la aplicación, o su tratamiento hasta que la aplicación ya se había puesto en marcha.

Por todo ello, se estiman las demandas planteadas y se declara la nulidad de proyecto planteado por la empresa  declarando las nulidad de las obligaciones incluidas en él y de las medidas disciplinarias previstas.​

Gasto por movilidad geográfica

Gasto por movilidad geográfica

​Un contribuyente inscrito en la oficina de empleo correspondiente a su localidad de residencia es nombrado funcionario interino de una determinada Comunidad Autónoma. La aceptación del puesto de trabajo supuso el cambio de su residencia a otra localidad en el período impositivo 2017. En el período impositivo 2018 el contribuyente renunció a ese puesto de trabajo, al haberle sido ofrecido otro puesto de trabajo como funcionario de otra Administración.

Ante la duda sobre la tributación de esta situación, eleva una consulta ante la DGT planteando la posibilidad de aplicar el gasto por movilidad geográfica, así como los períodos impositivos durante los que dicho gasto puede ser aplicable.

Con carácter general, el incremento del gasto deducible por movilidad geográfica (LIRPF art.19.2 y RIRPF art.11) queda condicionado a que efectivamente se haya producido el cambio de residencia del contribuyente a un nuevo municipio, distinto al de su residencia habitual, y que el nuevo puesto de trabajo exija dicho cambio. En este sentido, cabe señalar que, el simple empadronamiento no se considera por sí solo elemento suficiente de acreditación de residencia y vivienda habitual en una determinada localidad, como tampoco lo es el hecho de trasladar o mantener el domicilio fiscal en lugar determinado. La concreción de dicho cambio de residencia y su necesidad es una cuestión de hecho.

El contribuyente deberá poder acreditar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, correspondiendo valorar las pruebas aportadas a los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria. Cumpliéndose los requisitos exigidos, el incremento del gasto deducible por movilidad geográfica se aplicará en el período impositivo en que se produzca el cambio de residencia y en el siguiente (en 2017 y 2018 en el caso planteado), con independencia de que se produzcan dentro del período de aplicación nuevos cambios de trabajo.

Nueva declaración informativa en Enero para guarderías

Nueva declaración informativa en Enero para guarderías

Se trata de una declaración informativa por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados .

El nuevo Modelo 233 presenta las siguientes características:

1. Obligados a su presentación. Deben presentar este modelo las guarderías o centros de educación infantil autorizados (LIRPF art.81.2).

2. Contenido de la declaración informativa. En este modelo se declara la siguiente informaci​ón relacionada con los menores de tres años inscritos en la guardería o centro de educación infantil autorizado cada año, así como en relación con el menor que cumpla tres años en el ejercicio, en cuyo caso la información se ampliará a los meses posteriores al cumplimiento de dicha edad hasta el mes anterior a aquel en el que el menor pueda comenzar el segundo ciclo de educación infantil:

– nombre, apellidos y fecha de nacimiento del menor y, en su caso, NIF del mismo;

– nombre, apellidos y NIF de los progenitores, tutor, guardadores con fines de adopción o persona que tiene al menor en acogimiento;

– meses en los que el menor ha estado inscrito en la guardería o centro educativo por mes completo;

– gastos anuales pagados a la guardería o centro de educación infantil autorizado en relación con el menor;

– importes subvencionados que se abonen directamente a la guardería o centro de educación infantil autorizado correspondientes a los anteriores gastos.

3. Plazo de presentación. El modelo 233 se presenta en el mes de enero de cada año en relación con la información correspondiente al año inmediato anterior. Excepcionalmente, para el ejercicio 2018, el plazo de presentación será el comprendido entre el 1 de enero y el 15 de febrero de 2019.

4. Formas de presentación. Este modelo se presenta por Internet (OM HAP/2194/2013 art.12.a -redacc OM HAC/1400/2018- y 13).

NOTA

La Orden de referencia modifica la OM HAP/2194/2013 art.12.a.2º para incluir este modelo entre aquellos respecto de los que su presentación por Internet efectuada por personas físicas puede realizarse mediante el sistema Cl@ve.

¿Es posible la deducción del IVA soportado con anterioridad al inicio de la actividad empresarial?

¿Es posible la deducción del IVA soportado con anterioridad al inicio de la actividad empresarial?

El Tribunal Económico-Administrativo ha admitido que el IVA soportado antes del inicio de una actividad puede ser deducible aunque la empresa no llegue a realizar ninguna venta.

IVA «preparatorio»

Intención. El IVA soportado en la compra de bienes o servicios durante la «fase preparatoria» de un negocio (es decir, con anterioridad al inicio de la actividad) es deducible. Apunte. Para ello basta con demostrar que al incurrir en dichos gastos se tenía la intención de iniciar una actividad que daba derecho a deducir el IVA soportado.

Pruebas. En estos casos, para demostrar esta intencionalidad Hacienda acepta las siguientes pruebas:

  • Trámites. Que se hubiesen solicitado las autorizaciones y licencias necesarias.
  • Bienes y servicios. Que, por su naturaleza, los bienes y servicios adquiridos estuviesen relacionados con la actividad a desarrollar.
  • Declaración censal. Que antes de incurrir en los gastos se hubiese presentado una declaración censal «previa al inicio de operaciones».
  • Tiempo razonable. Y, por último, que el tiempo transcurrido entre la adquisición de los bienes y servicios y el inicio de la actividad fuese razonable (en función del tipo de actividad).

¿Y si no llega a iniciarse?

Promotora. Este fue el caso de un empresario que pretendía iniciar una actividad depromoción, y que llevó a cabo «gestiones preparatorias» por las que se dedujo el IVA soportado (entre ellas adquirir la opción de compra sobre unos solares). No obstante, transcurridos unos años rescindió dicha opción de compra, sin llegar a efectuar ninguna venta. ¡Atención! Ante ello, la Inspección consideró que, como no se habían realizado ventas, nunca había existido la intención de realizar una actividad, y le obligó a devolver el IVA deducido.

TEAC. Pues bien, dicho empresario recurrió ante el Tribunal Económico-Administrativo (TEAC), y este le ha dado la razón con estos argumentos:

  • La calificación como deducible del IVA soportado en los «gastos preparatorios» depende exclusivamente de las circunstancias del momento en que dichos gastos se soportaron.
  • Así pues, si según el resto de pruebas aportadas puede demostrarse que la intención del empresario era iniciar una actividad, el IVA soportado debe ser considerado deducible, aun en el caso de que la actividad no se inicie nunca.

Comentario

Intención. En la práctica, lo determinante es la intención de afectar los activos o gastos a la actividad que se va a iniciar. ¡Atención! Y Hacienda podría ser restrictiva cuando, aun habiéndose iniciado la actividad, los bienes se adquirieron con excesiva antelación y eran susceptibles de utilización privada. Vea dos ejemplos:

  • Se adquiere una vivienda con IVA para utilizarla como despacho, pero la actividad no se inicia hasta pasado un tiempo. ¡Atención! En ese caso Hacienda podría «sospechar» que la intención inicial era destinar la vivienda a uso propio, y negar la deducción del IVA. Para evitarlo, realice de inmediato las obras necesarias para adecuar la vivienda a la actividad, y evite ocuparla mientras tanto.
  • Y lo mismo puede pasar con los vehículos, si se utilizan para fines privados durante un tiempo. Nada más adquirirlo, grave en él el logo de la empresa de forma visible.

​Si según el resto de pruebas aportadas puede demostrarse que la intención del empresario era iniciar una actividad, Hacienda debe aceptar la deducción del IVA soportado, aun en el caso de que la actividad no se inicie nunca.

Nota: Se trata de la resolución del TEAC 27-4-15, EDJ 58976.​